La reforma de la Ley Concursal aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes -y que entra hoy en vigor- persigue facilitar el acuerdo entre los distintos tipos de acreedores: públicos, financieros, laborales y comerciales.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, defendió esta reforma ante el hecho de que el 95 % de las empresas que entran en procedimiento concursal se liquida, un porcentaje muy superior a los de otros países europeos.
El nuevo procedimiento permite la toma de decisiones para reducir el endeudamiento y convertir deuda en capital en función de las decisiones que tomen los acreedores. Esta medida favorece que los acreedores privilegiados -que tienen una garantía hipotecaria- no obstaculicen la toma de decisiones sobre la globalidad del endeudamiento de las empresas.
El Real Decreto Ley facilita la venta del conjunto de una empresa y evita que se vaya vendiendo por distintos tipos de activos, lo que llevaba a su desaparición. También se contempla la creación de un portal telemático en el BOE con la información de las empresas en liquidación para que los potenciales compradores puedan tener información actualizada.
