El Ministerio de Trabajo ha cerrado un preacuerdo con CC.OO. y UGT para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1 %, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas (actualmente se sitúa en 1.184 euros), una decisión que se adoptará sin el respaldo de las organizaciones empresariales. En este sentido, CEOE y Cepyme han rechazado tanto el incremento como el compromiso del Gobierno de limitar la absorción y compensación de complementos salariales, al considerar que rompe el diálogo social y eleva los costes empresariales.
Concretamente, el aumento supone 37 euros más en cada paga (518 euros más al año) y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. Según las estimaciones del Ejecutivo, beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores en España.
Acuerdo entre Trabajo y sindicatos
Finalmente, el porcentaje pactado es el más bajo dentro de la horquilla recomendada por el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo y responde a un escenario en el que el salario mínimo se mantiene exento de tributación en el IRPF. Esta subida, defiende el Gobierno, permite compensar la evolución de los precios y avanzar hacia el objetivo de que el SMI alcance el 60 % del salario medio.
Mientras que los sindicatos en un principio habían reclamado un incremento mayor, las patronales proponían una subida del 1,5 %, en línea con la aplicada este año a los salarios de los empleados públicos. Después de semanas de negociación sin consenso, el acuerdo se ha cerrado exclusivamente con las organizaciones sindicales.
La absorción y compensación de pluses, en el foco
Además de la subida del SMI, el pacto incluye el compromiso del Ministerio de Trabajo de impulsar una reforma para impedir que las empresas absorban la mejora salarial mediante complementos ya existentes, una práctica que actualmente permite el Estatuto de los Trabajadores y está avalada por el Tribunal Supremo.
Trabajo y sindicatos justifican que, sin este blindaje, parte de la subida no llega al salario total de los trabajadores, especialmente en nóminas próximas al mínimo legal. El objetivo, según explican, es que el SMI actúe como un suelo efectivo y que el incremento se traduzca en una mejora real de la retribución. “Sin el blindaje de los complementos, parte del aumento salarial se perdería”, advierte Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.
Para ello, la vía elegida sería un real decreto vinculado a la transposición de la directiva europea de salarios mínimos. Una forma, que según explica el Ejecutivo, no requeriría modificar una ley. Precisamente, es esta interpretación uno de los principales puntos de fricción con la patronal.
En palabras de Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical de CC.OO., “este acuerdo era necesario para garantizar que la subida llegue de verdad al bolsillo de los trabajadores más vulnerables”. Por su parte, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, explica: “No es justo que los complementos vinculados a causas concretas se reduzcan para absorber el aumento del SMI”.
Rechazo frontal de CEOE y Cepyme
Las patronales CEOE y Cepyme han decidido no apoyar esta propuesta. En un comunicado conjunto, denuncian que el proceso se ha desarrollado “sin los mínimos propios del diálogo social” y critican una supuesta descoordinación entre ministerios.
Además, ambas organizaciones empresariales advierten de que limitar la absorción y compensación de complementos “quiebra la negociación colectiva”, puede provocar un “incremento exponencial de los costes”, lo que “llevará a asfixiar a gran número de empresas”.
Por otro lado, cuestionan que una reforma de este calado pueda adoptarse mediante un reglamento y no a través de una modificación legal. En este sentido, no descartan recurrir la medida si finalmente se aprueba. “Señalamos con rotundidad que nunca se había visto una falta de respeto y un desprecio tan claro al diálogo social como el que estamos presenciando en estos días”, finalizan.
Incentivos fiscales sin acuerdo
Durante la negociación, el Gobierno también planteó una ayuda fiscal en el Impuesto de Sociedades para las empresas que elevaran los salarios por encima del SMI, limitada a 2026. La propuesta no logró atraer a la patronal y, hasta el momento, queda descartada. Desde el ámbito sindical, la iniciativa fue recibida con recelo y criticada por haberse filtrado antes de ser presentada formalmente en la mesa de diálogo social.
¿Cuáles serán los próximos pasos?
La subida del SMI se aprobará de manera previsible en las próximas semanas mediante real decreto. Más allá del incremento salarial, el debate se centra ahora en el alcance jurídico del blindaje de los complementos y en sus efectos sobre los costes laborales, especialmente en pymes y sectores intensivos en salarios bajos.
Este desacuerdo reabre un conflicto institucional entre Gobierno, sindicatos y patronal que podría trasladarse al terreno judicial y europeo, mientras que las empresas esperan conocer el texto definitivo y su encaje normativo.
