Las grandes superficies de distribución españolas, representadas por ANGED, han sufrido un varapalo en su reclamación contra el impuesto que grava a los grandes establecimientos comerciales en comunidades como Cataluña, Asturias y Aragón.
La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott, se ha pronunciado al respecto (tras plantear el Tribunal Supremo español cuestión prejudicial en la reclamación de ANGED contra el impuesto de Cataluña, Aragón y Asturias) y explica que no aplicar este impuesto en los pequeños comercios no supone una ayuda de Estado ilegal, según las normas comunitarias (como alegaba ANGED en su recurso).
Para Kokott, este impuesto parece adecuado para compensar el impacto territorial y medioambiental que la instalación de los grandes distribuidores ocasionan en las Comunidades Autónomas que lo aplican. Aunque el pronunciamiento de la abogada no es vinculante para la sentencia definitiva, los fallos del Tribunal de Justicia de la UE suelen seguir la línea marcada por sus conclusiones.
Además, en el caso de Cataluña, Kokott estima que no existe una diferencia de trato entre grandes y pequeñas superfcies, porque a las más grandes sí les afecta el impuesto, pero no a aquellas que no pasen de 2.499 m2.
ANGED es la asociación nacional de grandes empresas de distribución y forman parte de ella compañías como Leroy Merlin, Akí, Bricomart, El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Auchan, Electro Depot, Media Markt, etc.
