La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) celebró ayer la segunda cumbre dedicada al problema de la morosidad, a la que asistió una destacada representación institucional, con el objetivo de promover un gran pacto político-empresarial en intenciones y compromisos con fecha para reducir los plazos de pago en España, en el que participaron Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y Daniel Calleja, director general del Área de Industria de la Comisión Europea, entre otros, junto a los portavoces de Economía de los grupos parlamentarios.
El ministro, que se ha comprometido a que a finales de año las Administraciones Públicas españolas dejarán de ser morosas, explicó que las leyes de deuda comercial y de la factura electrónica (ambas, en tramitación en el Senado) acabarán definitivamente con la dilación pública de los plazos de pago. También será de vital importancia, como resaltó Antoni Cañete, presidente de la PMcM, en rueda de prensa en ese acto, la puesta en marcha inminente del tercer y último Plan de Pago a Proveedores de la Administración Pública para saldar su deuda histórica.
Cañete desveló que para la Plataforma el incumplimiento de la Ley contra la Morosidad afecta directamente a la viabilidad y la competitividad de las empresas españolas frente a las de países de nuestro entorno; citó el caso de Francia, cuyas empresas requieren una cuarta parte de la financiación que precisan las empresas españolas. “Exigimos un régimen sancionador ya, y así se lo hemos expresado al ministro Montoro y a los portavoces de Economía de los grupos parlamentarios”, con el fin de disuadir a aquellas empresas que, a pesar de las legislaciones española y europea, siguen retrasando sus pagos ilegalmente.
La Plataforma PMcM propone multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros, en caso de infracciones muy graves y reincidentes, a través de un régimen sancionador “que se aplique de manera progresiva para asegurar su total cumplimiento de la manera más eficaz”, precisó Cañete. “No se puede permitir posiciones de poder y abuso entre cliente y proveedor”, de ahí el cambio legislativo aprobado el pasado mes de julio de la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 228), que impide pactar plazos de pago superiores a los 60 días desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador.
Según datos de la PMcM comentados por Antoni Cañete, se estima que la morosidad y el aplazamiento abusivo de los plazos de pago han causado el cierre de la tercera parte de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis. Por ello, “queremos crear un sistema similar al que existe en el comercio minorista, en el que si no se paga en plazos legales uno puede ser denunciado y sancionado”, señaló. También se instó a la Administración a crear el Observatorio de la Morosidad, contemplado en la Ley 15/2010, “algo fundamental para poder monitorizar lo que está pasando en este ámbito”, resaltó Cañete.
