ADFB, ANCECO, FECE y los sectores de bienes de baja rotación asociados a CEC, han trasladado al Gobierno una declaración conjunta alertando de las consecuencias de la propuesta de normativa europea que obligará a las empresas a pagar las facturas en un plazo máximo de 30 días.
La Directiva 2011/7/UE, vigente hasta la fecha, ha sido reconocida por su flexibilidad al tener en cuenta las particularidades y estructuras económicas de los distintos sectores. Sin embargo, la propuesta que se encuentra actualmente en discusión plantea aplicar una normativa uniforme a todos los sectores y a los ordenamientos jurídicos nacionales. Y esto ha generado inquietud entre diversos actores económicos.
Declaración conjunta del sector de bienes de baja rotación
Uno de los grupos que se considera más afectado por esta propuesta es el conformado por empresas que comercializan bienes y productos de baja rotación. Representantes de este sector, como la Asociación de Distribuidores de Ferretería y Bricolaje (ADFB), la Asociación Nacional de Centrales de Compras y Servicios (ANCECO), la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) y los sectores de bienes de baja rotación asociados a la Confederación Española de Comercio (CEC), han expresado su preocupación a través de una declaración conjunta.
Confunden morosidad con libre negociación de los plazos de pago y crean un problema donde no lo hay.
Guillermo Leal, presidente de la ADFB
Guillermo Leal, presidente de la ADFB, ha señalado que “los sectores de baja rotación somos los más perjudicados por esta medida”. Ha enfatizado, además, que la morosidad no debe confundirse con la libre negociación de los plazos de pago.
Un plazo de pago único y tan estricto para todos los casos perjudicaría gravemente a las PYMES y a los comercios de proximidad.
Alfredo Gosálvez, secretario general de FECE
Por su parte, Alfredo Gosálvez, secretario general de FECE, ha advertido sobre el perjuicio que esta medida podría causar a las PYMES y comercios de proximidad, además de beneficiar desproporcionadamente a los marketplaces frente a los comercios físicos.
Los firmantes de la declaración también han destacado las posibles consecuencias negativas que la reducción de los plazos de pago podría acarrear, como la pérdida de competitividad, la falta de financiación y la fragmentación de pedidos.
Por último, han argumentado que atacar la morosidad únicamente mediante la reducción de plazos de pago no aborda todos los aspectos de una operación comercial y podría afectar tanto a las empresas como a los consumidores finales.
