¿Obligará España al uso de las FFP2 como están haciendo otros países europeos?

Cada vez son más los países europeos que desaconsejan, o directamente prohíben, el uso de mascarillas de tela. Tal es el caso de Austria, que ya ha implantado el uso obligatorio de las FFP2 en determinados espacios públicos o de gran concurrencia; Alemania, que ha vetado directamente el empleo de las mascarillas de tela en el transporte público, comercios o servicios administrativos, y ha implantado el uso de las FFP2 o de las mascarillas quirúrgicas (que son las más utilizadas por la población en general; las de color -generalmente- azul celeste); y Francia, que también ha desaconsejado el uso de mascarillas de tela no homologadas.

El problema de este tipo de productos, incluido en la categoría de mascarillas higiénicas, es que en muchas ocasiones no hay garantías de que ofrezcan una protección eficaz frente al COVID-19, y así lo lleva advirtiendo Asepal desde el inicio de la pandemia; desde antes, incluso, de que se estableciera el uso obligatorio de las mascarillas.

En concreto, la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual “desaconsejó el uso de mascarillas de fabricación artesanal“, como así lo explica su secretario general, Luis Gil, a C de Comunicación.

¿Se prohibirán las mascarillas higiénicas en España?

La duda ahora es si en España las autoridades también se están planteando prohibir, desaconsejar o vetar el uso de mascarillas de tela en según qué espacios y lugares. El Ministerio de Sanidad, en respuesta a una consulta de C de Comunicación, explica que sólo “tiene competencia sobre las mascarillas quirúrgicas” y que, “si hubiera alguna decisión sobre el tema, se informaría por los canales oficiales“.

Nos indican las fuentes consultadas del Departamento que dirige Salvador Illa que el Ministerio de Consumo es el que tiene competencias en relación con las higiénicas (entre las que se encontrarían las de tela); y el de Trabajo, sobre los equipos de protección individual (donde están incluidas las FFP2).

Consumo no se ha manifestado al respecto, y estamos a la espera de que el Ministerio de Trabajo nos confirme si, desde el Departamento que dirige Yolanda Díaz, han valorado la posibilidad de adoptar las mismas medidas, con respecto a este tipo de mascarillas, que se están implantando en otros países europeos.

Luis Gil: “Son necesarias actuaciones más contundentes”

En cualquier caso, Luis Gil comenta a este medio que, desde Asepal, “más que alentar el uso de un tipo de mascarilla u otro, que vendrá determinado por las circunstancias en cada caso, lo que subrayamos es que hacen falta actuaciones diligentes, más contundentes, orientadas a retirar el producto que no es seguro y garantizar que los consumidores se van a encontrar mascarillas que realmente sean eficientes”.

Asepal recomienda usar las FFP2 “sobre todo en el canal profesional”, pero Gil recuerda que “tienen que estar certificadas” (es decir, llevar el marcado CE), y que “el coste también es más elevado”, añade. “Si sólo se pudiesen utilizar las FFP2 o las quirúrgicas, estaría bien“, opina.

Pero, en términos generales, la valoración que hace el secretario general de Asepal es que “al no existir una regulación firme que exija que las características que deben cumplir las mascarillas higiénicas se correspondan con los fines para los que están fabricadas, y el hecho de que no se controle mejor a los laboratorios que emiten los certificados hace que todo lo que gira en torno a las mascarillas higiénicas sea un fracaso“.

Gil: “Apreciamos falta de voluntad”

Insiste, como viene haciendo en calidad de secretario general de Asepal desde hace tiempo, en que esta situación ha dado lugar a que “empresas oportunistas” se aprovechen de la situación normativa, y que eso ponga en riesgo la salud de los ciudadanos, aparte de que también afecta “a la imagen del sector”.

“Tiene que haber una mayor diligencia, una mayor vigilancia de mercado en cuanto al uso de todo tipo de mascarillas, porque es fundamental garantizar que el producto que adquiere el consumidor es válido”, destaca. “Apreciamos falta de voluntad para garantizar realmente que el producto que llega a los consumidores es seguro”, concluye.