La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), ha salido al paso de las recientes declaraciones de la patronal Eurocommerce sobre el impacto económico que supondría el plazo de pago máximo de 30 días establecido por el futuro Reglamento de la Comisión Europea. La PMcM asegura que la afirmación de un coste financiero de 150.000 millones de euros para las pymes es “irreal”.
Según el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, los que han asumido hasta la fecha la mayor parte de este coste han sido los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Además, subraya que las empresas de mayor tamaño son las que presentan los peores índices de pago. “Las pymes, en el momento en el que cobren en plazo, no van a necesitar esa financiación, ni financiar su circulante, ni descontar confirming a 140 días…”, señala Cañete.
En relación al confirming, Cañete destaca que los plazos nunca se sitúan dentro de los 60 días legales. Y que son las empresas más grandes las que tienen acceso a este método de pago. No así las pequeñas. Según la Asociación Española de Factoring, en 2022 el importe financiado por confirming en España alcanzó los 130.000 millones de euros, representando el 9,8% del PIB.
“A esto se suma el hecho de que las grandes distribuidoras minoristas cobran de sus clientes al contado, generando enormes flujos de caja positivos, que no revierten con la misma rapidez a sus proveedores, generalmente pymes y autónomos”, añade Cañete.
La PMcM resalta que las medidas contra la morosidad que rechaza el sector del retail se están implantando en toda la UE, EEUU y otros países occidentales, buscando mejorar de forma generalizada los plazos de pago. Cañete argumenta que los altos niveles de inflación y tipos de interés han incentivado a empeorar los plazos de pago a los proveedores. Y que la petición del sector retail supone “la mejor prueba de que la legislación española no se está cumpliendo: los proveedores no cobran dentro del plazo máximo legal de 60 días”, destaca el presidente de la PMcM.
En cuanto a la consulta previa para la modificación de la normativa contra la morosidad, la PMcM confirma que sí se llevó a cabo a través de una consulta pública en la página web de la institución, permitiendo la participación de ciudadanos y partes interesadas. Antoni Cañete califica como “inadmisible” la acusación de Eurocommerce sobre la falta de consulta, afirmando que la PMcM actúa con total transparencia.
El nuevo reglamento europeo, que será de obligado cumpliento, prevé sanciones a empresas y administraciones públicas morosas y establece un plazo de pago máximo de 30 días. Cañete lo considera un “hito histórico sin precedentes” que beneficiará a millones de autónomos y pymes en toda Europa, señalando que las sanciones son “imprescindibles” para reducir los plazos de pago y poner fin a la morosidad de manera definitiva.
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