Asepal se desmarca de la polémica de las mascarillas

Asepal ha pedido una “distinción clara” respecto a las posibles operaciones irregulares en el suministro de mascarillas, a raíz de las recientes acusaciones que se han vertido contra instituciones públicas sobre supuestas comisiones millonarias que habrían obtenido por la compra de material sanitario.

La Asociación ha afirmado que las más de cien empresas representadas por Asepal condenan cualquier operación comercial que pueda haber perjudicado al interés general durante la pandemia del COVID-19, y quieren “marcar distancia con quienes se hayan podido lucrar coyunturalmente con la venta de mascarillas, guantes o batas“.

“Desde la asociación se hizo un esfuerzo notable para que todas las manos que se ofrecieron a ayudar tuvieran muy claro qué requisitos tenían que cumplir y las condiciones en las que se tenía que comercializar”, ha señalado el responsable técnico de Asepal, Javier Díaz. “Las empresas de EPI -añade- nos jugamos relaciones comerciales, nuestro dinero y en algunos casos hasta nuestra salud para dar prioridad en atender al personal sanitario y a todos los trabajadores clave”. 

“En Asepal no entra ninguna empresa con productos que incumplan las normativas”

Desde la Junta Directiva de Asepal piden que los escándalos actuales se limiten a empresas y acciones bien delimitadas, y no generen desconfianza hacia el sector general. “Es imprescindible que nadie se confunda: solo una mascarilla con el certificado CE y con ajuste total a la persona usuaria es una protección respiratoria eficaz, y lo mismo con cualquier otro tipo de EPI; en Asepal no entra ninguna empresa con productos que incumplan las normativas”, ha afirmado Javier Díaz.

Sobre la irregularidad de precios, la Asociación ha afirmado que no guarda un registro de datos verificable, pero su responsable técnico ha señalado que “los precios FOB (el de la mercancía llegada a puerto español) se multiplicaron por diez [en el inicio de la pandemia], y aun así no se explicarían los precios que se rumorea que algunas administraciones llegaron a pagar, o, al menos, no se parecen a los precios que nuestros asociados estaban contratando”. 

“Nos gustaría que las autoridades nacionales y autonómicas de Consumo fueran a puntos de venta, tomaran muestras y determinaran si algún producto no cumple la normativa vigente para evitar su comercialización”, ha manifestado Juan Pedro Barrios, vicepresidente de la entidad. “Queremos que se haga cumplir la ley más y más, porque es importante que el trabajador sepa que se ha de poner su EPI para garantizar la máxima seguridad”.