Categorías: Sectoriales

Nueva amenaza de conflicto en el transporte por carretera

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forma parte FENADISMER, ha convocado una Cumbre Reivindicativa en febrero próximo para decidir las movilizaciones a llevar a cabo por el incumplimiento en aprobar un régimen sancionador

La morosidad del sector del transporte por carretera es una nueva amenaza de conflicto. Así, la Federación de Asociaciones del sector ha calificado de “situación abusiva, pese al compromiso del ministro de Hacienda, manifestado el pasado mes de mayo, de aprobar una ley sancionadora que combata los incumplimientos de los plazos máximos de pago previstos en la legislación vigente”.

FENADISMER entiende que el Ministerio de Hacienda ha incumplido la promesa adquirida con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y recuerda que el Grupo Parlamentario Popular rechazó en el Congreso de los Diputados, también en mayo pasado, una Proposición de ley apoyado por la totalidad de los restantes grupos parlamentarios que establecía un régimen sancionador contra la morosidad.

Reunido en Asamblea Extraordinaria, el pasado 27 de septiembre, el colectivo del transporte ha analizado la situación de la morosidad en España por parte de las principales empresas en nuestro país, en la que se ha evidenciado que su plazo medio de pago asciende a 184 días (en el sector servicios, en el que se incluye el transporte, el plazo de pago es de 253 días), frente a un plazo medio de cobro por parte de éstas de 80 días, lo que ha supuesto un volumen de morosidad de 68.179 millones de euros

Este importe supone un ahorro en coste de financiación para dichas empresas de 2.020 millones de euros y unos intereses de demora de 1.965 millones de euros, lo que en total les supone 11.436 millones de euros, esto es, un 35 por 100 de sus beneficios.

Por ello, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha acordado convocar una Cumbre Reivindicativa el próximo mes de febrero para acordar las movilizaciones a llevar a cabo en protesta por el incumplimiento del Ministerio de Hacienda de aprobar dicho régimen sancionador.

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