El pasado martes 19 de marzo publicamos los datos de la encuesta que pusimos en marcha la semana pasada sobre la división de sociedades. Y los datos han arrojado división (valga la redundancia) de opiniones.
Un 38,5 % de los votantes no aprueba la práctica de dividir sociedades para evitar alcanzar una facturación de seis millones de euros y, por consiguiente, tener un menor control por parte de la Agencia Tributaria. Ya adelanto que estoy de acuerdo con ellos. Eso sí, otro 38,5 % se muestra a favor de este sistema, mientras que un 23 % no está seguro. Esta estrategia, si bien no es ilegal, plantea serias cuestiones éticas y morales.
La división de sociedades, que puede ser utilizada para explotar lagunas legales y reducir la carga tributaria, ha generado siempre un debate acalorado en el ámbito empresarial y fiscal. Por un lado, algunos argumentan que estas prácticas suponen una forma legítima de optimizar la situación fiscal de una empresa dentro del marco legal existente. Por otro lado, hay quienes consideramos que esta táctica permite a los contribuyentes más acaudalados esquivar los efectos tributarios que les corresponden.
Es importante reconocer que esta táctica se basa en el aprovechamiento de normativas fiscales para minimizar los efectos tributarios, sin recurrir a prácticas ilegales de evasión fiscal. Sin embargo, su uso generalizado plantea preguntas sobre la equidad del sistema tributario y sus implicaciones en la forma en que las empresas gestionan sus finanzas y operaciones.
La ética fiscal es un tema complejo y subjetivo. Mientras algunos defienden el derecho de los contribuyentes a minimizar los efectos tributarios de manera lícita, otros creemos que estas prácticas, al menos, distorsionan el mercado. Y, en algunos casos, pueden invitar a realizar acciones para reducir la carga impositiva.
Personalmente, creo que es crucial abordar este tema desde una perspectiva ética. Si bien esta práctica es legal, su impacto en la transparencia del mercado no puede ser pasado por alto. Es responsabilidad de todos trabajar hacia un entorno empresarial más ético que promueva la igualdad y la confianza entre todas las partes interesadas.
¿Cuál crees que debería ser el papel del gobierno y la sociedad en la regulación y supervisión de estas prácticas para garantizar la igualdad y la justicia fiscal?
Esta vez, aprovechando el día mundial de la poesía, recomiendo “La inercia del silencio”, de Sara Búho y editado por Lunwerg. Este poemario es un espacio donde a cada sentimiento atrapado se le otorga la importancia que merece.
Que papel debería ser del gobierno?? NO UNA CARGA FISCAL TAN TERRIBLE!!!
Estoy de acuerdo en que no es una de las prácticas con las que se puede evitar mayor carga fiscal. Pero sí invito a reflexionar con la pregunta sobre el papel del gobierno. Para mí, sería necesario que exista una supervisión activa y real que indague de verdad en las posibles irregularidades.