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A vueltas con la morosidad…

…y me refiero a la morosidad de las Administraciones Públicas (es decir, de la Administración Central, y de las administraciones regionales y locales).

Curiosamente son este tipo de organismos los que más tardan en pagar a sus proveedores, según consta en la nueva edición del ‘Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2022‘.

En este documento queda patente que son precisamente las Administraciones Públicas las que, al contrario de lo que deberían hacer, incumplen la legislación vigente sin que esta práctica ilegal tenga consecuencias. Es decir, que efectúan sus pagos en un plazo superior a los 60 días establecidos por ley.

Y eso es porque la legislación vigente no sanciona el incumplimiento de los plazos medios de pago, algo en lo que la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM) lleva años trabajando.

AFEB, que está integrada en la PMcM, ha recordado que se está trabajando para la puesta en marcha de un Observatorio de la Morosidad y un régimen sancionador que multe a las empresas morosas. Pero de ahí a que eso se consiga va un largo trecho, porque no hay voluntad política.

Basta recordar que en septiembre de 2020 el Congreso ya dio luz verde a la futura ley para sancionar la morosidad. Pero a día de hoy seguimos igual, y no pasa absolutamente nada si una empresa privada o pública, si un organismo central o autonómico, se pasa de los 60 días que establece la ley.

Pero, claro, si son precisamente las Administraciones Públicas las más morosas, ¿cómo van a tener voluntad de cambiar la ley? “¡No se van a sancionar a ellas mismas!”, dice mi compañero Javier Barrio.

Y así todo…

¡Qué país!

Me gustará leeros en el apartado de comentarios.

M.Ángeles Moya

P.D. Os recomiendo echar un vistazo al informe de la PMcM. Hay datos interesantes.

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