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<p>Cristóbal Montoro (tercero por la izquierda), con representantes de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y PIMEC.</p>

Cristóbal Montoro (tercero por la izquierda), con representantes de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y PIMEC.

Montoro se compromete a implantar un régimen sancionador contra la morosidad antes de fin de año

En la reunión mantenida ayer, en la Delegación de Gobierno de Barcelona, entre la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y PIMEC (patronal de la pequeña y mediana empresa catalana) con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro se comprometió a implantar, antes de que acabe el año, medidas sancionadoras a las empresas que incumplan los plazos de pago.

Para ello el Ministerio de Hacienda creará una Comisión de Trabajo en la que participarán, de forma activa, técnicos de la Plataforma. Antoni Cañete, secretario general de PIMEC y presidente de la Plataforma, y Josep González, presidente de PIMEC, se muestran satisfechos de la reunión. "Montoro ha mostrado una gran sensibilidad con los problemas de las pymes y de los autónomos, especialmente con la morosidad que padecen y estamos convencidos que actuará contra las empresas que incumplen la Ley de Morosidad".

El régimen sancionador presentado por ambas organizaciones plantea multas de hasta 900.000 euros para las faltas muy graves y cierres temporales de un año para aquellas empresas que acumulen tres infracciones graves.

Observatorio contra la Morosidad

En el encuentro, las dos asociaciones han presentado a Montoro otras herramientas para reducir la morosidad, como la intermediación extrajudicial (con un mediador, figura que ha tenido gran éxito en Francia), crear un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratados y crear un Observatorio contra la Morosidad. Esta última medida permitiría conocer con exactitud el comportamiento en los pagos en nuestro país.

Reforma tributaria con bajada de presión fiscal para pymes

El ministro ha anunciado, también que bajará la presión fiscal efectiva de las pymes, dentro del marco de la reforma tributaria y ha garantizado una mejora en el flujo del crédito para la financiación de proyectos empresariales viables.

Igualmente se comprometió a estudiar soluciones para un mejor funcionamiento del criterio de caja del IVA y a continuar impulsando actuaciones que supongan una reducción de los costes sociales de las empresas.

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