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Rechazado el régimen sancionador para luchar contra la morosidad

El Partido Popular rechazó con sus votos la creación de un régimen sancionador para las empresas que no cumplan los plazos de pago marcados por la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, iniciativa debatida ayer por la tarde en el Congreso de los Diputados. 

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad “lamenta profundamente” esta oposición a una medida que, con multas ejemplarizantes, pretendía “ganar la batalla a la morosidad”, como ha señalado Antoni Cañete, presidente de la Plataforma.

“El rechazo al régimen sancionador pone de manifiesto que las decisiones importantes en nuestro país se toman a espaldas de los intereses empresariales, en general, y de las pymes y los autónomos, en particular. Los partidos políticos han entendido la importancia de esta ley a excepción del Partido Popular”, ha declarado Cañete en un comunicado.

La nueva ley, que ha sido rechazada, fijaba multas de hasta 900.000 euros para las faltas muy graves y cierres temporales de un año para las compañías que acumularan tres de estas infracciones. “La morosidad ha provocado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis. Y la única manera de poner freno a esta sangría es poner multas ejemplarizantes a las compañías que no cumplan con los plazos de pago”, ha asegurado el presidente de la Plataforma, entidad que agrupa a 1,5 millones de empresas y 4 millones de trabajadores.

La propuesta de creación de un régimen sancionador, que ha sido rechazada esta tarde en el Congreso de los Diputados, tiene su origen en la propuesta de Ley que presentó en el Congreso de los Diputados Josep Sánchez Llibre, portavoz económico de CIU, el pasado 22 de enero. El texto se basa en una reivindicación histórica de la Plataforma, que ha visto cómo el apoyo conseguido en la II Cumbre de Morosidad, celebrada en noviembre de 2013, se ha diluido en el  momento de la tramitación parlamentaria.

Comentarios (1)

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Esta claro que los granes beneficiados de este rechazo son las grandes empresas concesionarias del Estado, que pagan cuando les da la gana, y los Bancos que se forran con el confirming y el factoring. La mafia, como siempre, gana.

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