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Antoni Cañete (centro), presidente de la Plataforma , junto a Pilar Vázquez y Francesc Acín, vicepresidentes de la entidad.

Antoni Cañete (centro), presidente de la Plataforma , junto a Pilar Vázquez y Francesc Acín, vicepresidentes de la entidad.

Según denuncia la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

La morosidad empeorará tras los cambios legislativos impulsados por el Gobierno

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad denuncia que dos cambios legislativos impulsados por el Gobierno pueden significar “un retroceso en la buena evolución que había seguido hasta el momento en materia de morosidad”, tal y como explica Antoni Cañete, presidente de la Plataforma. 

Esta evolución se ha traducido en una mejora en el plazo medio de pago en 2013 frente al año anterior: de 93 a 85 días en el sector privado y de 141 a 111 días en el sector público, aunque todavía muy lejos de lo que marca la Ley 15/2010 (60 y 30 días, respectivamente).

Una de estas normas que pueden dificultar la lucha contra la morosidad es el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, concretamente dos de sus disposiciones, que permiten el pacto entre las empresas superando los 60 días establecidos por ley, en los casos en los que la deuda o el crédito se cedan a un tercero. De ponerse en marcha, se encarecerían los costes de las pymes para cobrar en plazo, empeorando una vez más su situación financiera.

La otra norma es el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la Plataforma pide modificar con el objetivo de que las Administraciones Públicas respeten el plazo de 30 días para aprobar las certificaciones de obra, tal y como marca la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, y acabar así con la posibilidad de que puedan alargar los plazos de pago mediante acuerdo entre las partes. En opinión de Antoni Cañete, “si no se rectifican estas normas, sin duda empeorará la situación de pymes y autónomos para cobrar de acuerdo a los plazos legales”.

Por su parte, Francesc Acín, vicepresidente de la Plataforma, explica que la polémica cláusula de “salvo acuerdo entre las partes” es una puerta por la que se cuelan los posiciones de abuso de las grandes compañías, que, además –denuncian en la Plataforma– cobran de las Administraciones Públicas, pero posteriormente incumplen sus plazos de pago con sus proveedores. 

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