La asociación considera que esta pone en riesgo la competitividad de las compañías españolas, que tendrán que destinar mayores recursos que sus competidores europeos.
Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, Aecoc ha manifestado su desacuerdo con la normativa, alegando que esta “supera las exigencias marcadas por Europa y añade importantes costes económicos a las empresas”.
Desde la asociación entienden que la norma es necesaria “para responder a los requerimientos de Europa en materia de economía circular y protección del medio ambiente”, pero consideran que traslada “más costes a las empresas en iniciativas que no supondrán una mejora en el cumplimiento de los objetivos“.
Han asegurado que la cadena de valor del gran consumo lleva años comprometida con la protección del medioambiente, mediante el impulso de estrategias e iniciativas destinadas “a reducir el impacto de su actividad y a la protección del entorno”.
Por ello, la asociación considera inexplicable que la ley aprobada marque objetivos que van más allá de los fijados por Europa, ya que estos ponen en riesgo “la competitividad de las compañías españolas”, que tendrán que destinar mayores recursos que sus competidores europeos para el cumplimiento de la ley.
Como ejemplo, han señalado que en el artículo 55 de la ley, referente a artículos de plástico de un solo uso que deben ser sustituidos por otros materiales, se añaden “productos como bandejas, anillas, monodosis o palitos para alimentos al listado de todos los artículos fijados en la Directiva 2019/904 de la Comisión Europea”.
Del mismo modo, la ley prevé ampliar las contribuciones financieras de las empresas productoras a la hora de asumir los costes de la recuperación y limpieza de los residuos abandonados en vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas; trasladando así a la empresa privada “una responsabilidad que anteriormente se gestionaba con fondos públicos“, según afirman desde la asociación.
Desde Aecoc concluyen que la norma es un claro desincentivo para que otros agentes, como las administraciones públicas o los consumidores, se involucren en la separación de los residuos, y, además, no contribuye a mejorar en el cumplimiento de los objetivos medioambientales.