Tras la aprobación, a finales de mayo, del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, en el que se rebajaba la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas desde los 2.500 hasta los 1.000 euros, en el supuesto de operaciones entre empresarios, realizamos una encuesta para tomar el pulso al sector.
En ella, formulábamos la siguiente pregunta: ‘¿Crees que la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo puede perjudicar al sector?’. Más del 62 % de los participantes en la encuesta respondieron afirmativamente, mientras que el resto no consideró que esta nueva medida pudiera ocasionar perjuicios.
El Comercio, en contra de esta medida
Los resultados del sondeo efectuado por C de Comunicación van en consonancia con la opinión mayoritaria del comercio. De hecho, después de que esta nueva normativa se aprobase en el Congreso de los Diputados, las patronales ANGED (gran distribución), CEC (comercio de proximidad), ACOTEX (textil) y FECE (electrodomésticos) firmaron un comunicado conjunto en el que calificaban la medida como un “ataque directo al medio de pago utilizado mayoritariamente en España”.
Estas organizaciones, que reclaman una modificación del proyecto de ley en el Senado (donde se ha iniciado su tramitación), consideran que “no se puede poner bajo sospecha de delito el uso de la moneda en curso legal por parte de los ciudadanos”, puesto que “el dinero en efectivo es un medio de pago emitido y garantizado por los Estados” y el 83 % de las operaciones de compran se realizan en efectivo, según datos del Banco Central Europeo.
“Sin un horizonte claro de recuperación y con unas ayudas que no llegan, el Comercio pide que al menos no se perjudique más la actividad de las empresas con medidas que van justo en la dirección contraria a las promovidas en Europa”, señalan las patronales. “Parece desproporcionado -añaden- implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo y a la propia libertad de elección por parte del consumidor, poniendo bajo sospecha a cualquier cliente que realice compras en el comercio por valor superior a 1.000 euros”.
Por último, insisten en que la nueva normativa, tal y como se ha enviado al Senado, “supone sustituir el dinero en efectivo garantizado por los Estados por otros medios de pago que tiene un elevado coste para ciudadanos y comerciantes, como los ocasionados por las comisiones del pago y la posesión de tarjeta”.
