Según la Alianza por la Competitividad de la Industria, si el FNSSE se pone en marcha, "el coste acumulado para la industria entre 2021 y 2025 ascendería a unos 2.650 millones de euros".
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), un proyecto que, según la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, “puede agravar la situación de la industria española y poner en riesgo su futuro“, puesto que “la industria española ha perdido, desde la crisis económica de 2008, casi un 30 % del tejido productivo y un 20 % del empleo”.
Este fondo, que se implantará de forma gradual en cinco años, “permitirá financiar y redistribuir los costes fijos de fomento de las energías renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización energética de los residuos, un coste que ahora está solo asociado al sector eléctrico“, según explicó ayer la ministra del ramo, Teresa Ribera.
Según la Alianza por la Competitividad de la Industria, si el FNSSE se pone en marcha, “el coste acumulado para la industria entre 2021 y 2025 ascendería a unos 2.650 millones de euros, sin tener en cuenta el eventual régimen de compensaciones”, y ese impacto “lo asumirían sobre todo las industrias consumidoras de gas y los consumidores industriales medios e intensivos de electricidad, al eliminarse las metodologías de niveles de tensión”.
Supone un “aumento adicional de los costes”
La Alianza alerta de que el sector industrial “ya se enfrenta actualmente a un extraordinario incremento de los costes del gas y la electricidad en nuestro país”, por lo que “este aumento adicional de los costes a medio plazo dificultaría gravemente el contexto de recuperación de la crisis económica y se pondría así en riesgo el desarrollo y futuro del sector industrial español”.
Teresa Ribera afirmó ayer que el Ejecutivo quiere que “todos los vectores energéticos, incluidos gas y petróleo, contribuyan al despegue histórico de las energías renovables y al apoyo de la cogeneración” en función del volumen de energía que vendan al mercado y de manera ordenada.
Pero, según las asociaciones firmantes del manifiesto elaborado por la Alianza, “el impacto previsto de la iniciativa legislativa, tal y como está configurada, es lesivo para la actividad económica responsable de la generación del empleo de calidad (en términos de salario y contratación indefinida), del desarrollo de la innovación y tecnologías avanzadas y neutras en carbono, y de la internacionalización de nuestro tejido empresarial”.
Generará un “sobrecoste competitivo inasumible”
Ribera añadió que la norma “incluye exenciones para los consumidores que puedan tener más complicada la adaptación”, como los de gasóleo agrícola, gasóleo profesional y gas, en sectores industriales expuestos a la competencia internacional”, pero la Alianza advierte de que, aunque el texto del anteproyecto de Ley del FNSSE expone un régimen de compensaciones con que el objetivo de paliar el posible impacto en los diversos sectores, “dicho régimen se aplicaría tan solo a un limitado número de éstos, excluyendo al 80 % de la industria productiva y exportadora española y generando un sobrecoste competitivo inasumible en sectores tractores y esenciales para nuestra economía”.
Así, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española -que está constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento) y UNESID (siderurgia)– solicita que se establezcan exenciones para estos costes energéticos, ajenos a los procesos industriales.
