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La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Foto: Pool Moncloa / J.M. Cuadrado).
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Foto: Pool Moncloa / J.M. Cuadrado).

El Gobierno quiere limitar el pago en efectivo entre profesionales y luchar contra la manipulación de las ventas

También se quieren prohibir los programas informáticos que permiten manipular la contabilidad y alterar las ventas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 13 de octubre, el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que iniciará ahora su trámite parlamentario.

En el proyecto de ley se incluye, entre otras medidas, el endurecimiento de la limitación de los pagos en efectivo. De hecho, el Ejecutivo quiere que, en el supuesto de operaciones entre empresarios, el pago en efectivo pase de los 2.500 actuales a los 1.000 euros.

El Gobierno considera que la utilización de medios de pago en efectivo facilita los comportamientos defraudatorios, aunque, "para minimizar los efectos colaterales en pequeñas economías domésticas, se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados por particulares", según refleja el texto aprobado en el Consejo de Ministros.

A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España. "Con ello, se persigue restringir estas operaciones que, al ser en efectivo, son más difícilmente rastreables y pueden facilitar, por tanto, el fraude", refleja el proyecto de ley.

En la rueda de prensa posterior a la reunión en Moncloa, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó que "es imprescindible cumplir con las obligaciones tributarias y perseguir las prácticas irregulares que suponen un agravio para los contribuyentes que sí cumplen".

Lucha contra la manipulación de la contabilidad

Otra de las medidas incluidas en el proyecto de ley se centra en la lucha contra el software de doble uso, es decir, que se quieren prohibir los programas informáticos que permiten manipular la contabilidad. El objetivo es no permitir ni la producción ni la tenencia de programas y sistemas informáticos que posibiliten la manipulación de datos contables y de gestión.

Con esta nueva ley, "la Agencia contará con más herramientas para reforzar su capacidad en la lucha contra el uso de estos programas informáticos que permiten alterar ventas", señala el documento aprobado ayer.

En este sentido, se contempla la posibilidad de incluir especificaciones técnicas vía desarrollo reglamentario, incluyendo someterlo a certificación, y se establece un régimen sancionador específico por la producción de estos programas o su tenencia sin la adecuada certificación.

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