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Campaña para controlar el etiquetado y la seguridad de productos de bricolaje y herramientas

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La Junta de Andalucía participa en la campaña de inspección de ámbito nacional para controlar el etiquetado y la seguridad de productos de bricolaje y herramientas a la venta en establecimientos de la Comunidad andaluza. En esta campaña también participan las comunidades autónomas de Asturias, Extremadura y Navarra.

Los principales objetivos de esta iniciativa son los de verificar el cumplimiento de los requisitos obligatorios del etiquetado, de información y de seguridad de estos productos, así como adoptar las medidas necesarias para la corrección del mercado, bien sean medidas preventivas, sancionadoras, o ambas.

Para llevar a cabo esta campaña, en la Comunidad Autónoma de Andalucía se prevén realizar un total de 30 controles de etiquetado y enviar 20 muestras de productos a laboratorio, donde se realizarán diferentes pruebas para su control analítico, con el objetivo de comprobar la calidad y seguridad de los mismos.

Tal y como indica la Junta de Andalucía, la campaña se desarrolla sobre todo tipo de productos de bricolaje y herramientas, con especial atención a los martillos, que supondrán el 25 % del total de productos analizados. Para su desarrollo, se visitarán todo tipo de establecimientos en los que se comercialicen estos productos, con especial atención a las tiendas de precio reducido y bazares.

Aspectos a verificar y sanciones

Durante los controles, se va a verificar que la etiqueta identifica adecuadamente a la persona o empresa responsable del producto, y que la información que se incluye es visible, legible, comprensible, e imborrable, además de figurar en castellano y en un lugar destacado.

En el caso de que se detecten irregularidades en los artículos que puedan afectar a la seguridad de las personas, se valora el riesgo y, en su caso, se incluye el producto afectado en la Red de Alerta de Productos de Consumo, un sistema de intercambio rápido de información que funciona a nivel europeo y cuyo objetivo es detectar de la manera más ágil posible artículos inseguros, con la finalidad de poder adoptar medidas que impidan la comercialización de estos productos, ya sea a través de la inmovilización o la destrucción de los mismos.

Tanto en el caso anterior como si se detectan irregularidades de tipo informativo (por ejemplo, que el etiquetado no esté en castellano), se remitirán las actuaciones al departamento correspondiente para iniciar el oportuno procedimiento sancionador. Según la gravedad de la infracción, la ley establece sanciones que, para estos casos, pueden oscilar entre los 200 y los 60.000 euros.

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