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Las asociaciones de comercio, decepcionadas con las medidas del Gobierno recogidas en el RDL 15/2020

Por Marta JiménezDirectora general de C de Comunicación

ANCECO (asociación nacional de centrales de compra) y las asociaciones de cadenas de retail, servicios y restauración AMICCA, COMERTIA, ACOTEX y EURELIA han firmado un manifiesto por el que solicitan “la adaptación de la normativa a la realidad del comercio actual y, por tanto, la modificación de la ley de arrendamientos urbanos (LAU), por no atender a las múltiples realidades de hoy, especialmente la regulación de los contratos de arrendamiento en los centros comerciales”.

Todas ellas se muestran decepcionadas con las medidas adoptadas por el Gobierno en el Real Decreto-Ley 15/2020, al excluir las necesidades que le habían comunicado, especialmente las relacionadas con la exoneración de los alquileres.

Aseguran dichas asociaciones en su manifiesto que, “de no atender a estas necesidades, el sector comercial del país podrá perder gran parte de sus establecimientos y sus empleos”. Por ello, inciden en cuatro puntos:

  • La moratoria del pago a las pymes “no solventa la trágica situación del sector y provocará el cierre de miles de empresas minoristas, así como de cientos de miles de puestos de trabajo”.
  • La exoneración “del pago de los alquileres a los arrendatarios durante el cierre de sus comercios y la adecuación de este coste a la realidad del mercado cuando se permita abrir nuevamente los establecimientos”.
  • Cambio del marco legal de protección al arrendatario contra la ejecución de avales por impago de rentas y liberar al comerciante de los años de obligado cumplimiento de los contratos”. Se trata de propiciar “el desarrollo de acuerdos entre arrendatarios y arrendadores en el periodo de 6 meses a la reapertura y así reequilibrar las condiciones de los contratos, como así indican expertos y empresas con la experiencia de los países que ya han permitido la apertura”.
  • Mayor flexibilidad de la adecuación de las normas laborales actuales, para poder atender a la realidad necesaria a corto plazo. La rigidez de la normativa tras la finalización del Estado de Alarma (ERTEs, flexibilidad horaria, movilidad funcional, etc) representará una dificultad mayor que pone en riesgo la viabilidad de miles de empresas y empleos del sector. Teniendo en cuenta que la vuelta a la normalidad del sector no se producirá, previsiblemente, de forma inmediata”, las asociaciones firmantes “demandan que se permita la reincorporación de los empleados de manera progresiva y escalonada, según los niveles de actividad de cada empresa o establecimiento”.
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