Desde hoy y hasta el próximo 9 de abril se ha impuesto en nuestro país una limitación total de movimientos, salvo la de los trabajadores de actividades esenciales, con el objetivo de frenar los contagios de COVID-19.
La medida, aprobada en el Consejo de Ministros extraordinario de ayer domingo, no ha gustado a las patronales CEIM y Confemetal, de las que AECIM forma parte. En un comunicado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) considera que la medida “no solo provocará un deterioro del tejido económico difícil de recuperar, sino que también, lejos de favorecer la lucha contra la crisis sanitaria la complicará, dificultando y haciendo más difícil y menos efectivo el trabajo en las actividades directamente implicadas en primera línea contra la pandemia y aquellas que les dan soporte inmediato”.
Asimismo, señala que la medida es fruto de “la irresponsabilidad y de la más absoluta ignorancia que supone no valorar las consecuencias económicas que la medida va a generar”, y añade que “los objetivos irrenunciables de reducir la movilidad y el riesgo de contagio, se van a ver obstaculizados por una medida que se basa en la ignorancia de que un colapso sanitario no puede evitarse provocando el colapso económico, y de que mantener la actividad de las empresas, con todas las medidas de seguridad que sean necesarias, es la mejor forma de proteger la sanidad y los servicios públicos”.
Confemetal finaliza su comunicado alertando “del caos que una medida tan irreflexiva -tomada un domingo para hacerse efectiva en horas- va a provocar desde el punto de vista organizativo en un tejido económico como el español, formado por pequeñas y medianas empresas (98 %) a las que el gobierno no tiene derecho a someter a más tensiones, con sus ingresos reducidos o desaparecidos y obligadas a abonar sueldos, cotizaciones sociales e impuestos. Es cierto que ‘Este virus lo pararemos unidos’ pero no lo pararemos sin las empresas y su vital actividad”.
CEIM solicita una moratoria fiscal inmediata y automática
Por su parte, desde la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), aunque respeta las medidas adoptadas por las autoridades en orden a proteger la salud de los españoles, manifiestan su “preocupación y malestar por la manera en que se ha llevado a cabo esta decisión y la forma de trasladar a las empresas los efectos de la misma”.
Para la confederación, esta medida, que “va a suponer la paralización de la práctica totalidad de la actividad económica en España”, ha sido tomada “de forma unilateral, sin el conocimiento y consenso previo, despreciando la oportunidad que el diálogo social ofrece para mejorar una norma y reducir los efectos negativos que se puedan producir en el tejido empresarial y, sobre todo, en el empleo”.
Para CEIM las empresas que están ya “extenuadas por la situación y que están haciendo enormes esfuerzos por mantenerse” se les exige ahora cerrar su actividad pero “seguir atendiendo los salarios y las cotizaciones sociales de sus trabajadores (impuestos al empleo), mientras que no podrán producir ni vender sus productos o servicios para obtener ingresos”. Por ello, “solicita que se conceda una moratoria fiscal inmediata y automática de todos los impuestos, tasas y cotizaciones que tengan su vencimiento durante el tiempo que dure el estado de alarma y se eximan del pago de las mismas a aquellos que no han podido desarrollar su actividad en estas semanas o han visto su funcionamiento drásticamente disminuido”.
Y concluye señalando que “solo si el Gobierno central apuesta decididamente por salvar a las empresas, se podrán también salvar empleos y volver a crearlos cuando esta crisis, y no solo el estado de alarma, pasen”.
