La Unión Europea aplicará a partir del 1 de julio de 2026 una tasa fija de 3 euros a los envíos de comercio electrónico de menos de 150 euros procedentes de fuera del territorio comunitario, en el marco de la reforma del sistema aduanero.
La medida se aplicará de forma temporal hasta 2028, cuando está prevista la implantación de un nuevo sistema basado en un centro de datos común para el control de las importaciones. Además, supondrá la eliminación progresiva de la exención aduanera que permitía la entrada de este tipo de envíos sin aranceles.
Un recargo por categoría de producto
La tasa no se aplicará por paquete completo, sino por cada categoría de producto incluida en el envío, en función de su clasificación arancelaria. Esto implica que un mismo pedido puede generar varios recargos si contiene artículos de distinta tipología.
La medida afecta a los envíos directos al consumidor dentro del comercio electrónico internacional, un flujo que ha crecido en los últimos años y que concentra una parte relevante de las importaciones de bajo valor.
Aumento de los envíos de bajo valor
El cambio normativo se produce en un contexto de incremento del volumen de paquetes procedentes de terceros países. Según datos de la Comisión Europea, en los últimos ejercicios se han registrado miles de millones de envíos de estas características, impulsados por el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo.
Las instituciones comunitarias han señalado que el objetivo es reforzar los controles sobre estos productos y mejorar la aplicación de la normativa vigente.
El sector cuestiona el impacto de la medida
Desde C de Comunicación hemos consultado a una decena de profesionales del sector —fabricantes y distribuidores— sobre el impacto de esta tasa en el mercado.
Ante la pregunta de si el recargo de 3 euros servirá para equilibrar la competencia con los productos que llegan de fuera de la Unión Europea, la mayoría de los encuestados considera que no tendrá efecto. El 60 % responde negativamente, mientras que el 40 % restante señala que no tiene una posición definida.
En relación con el impacto de la entrada de productos que no cumplen la normativa europea, las respuestas coinciden en señalar una alteración de las condiciones de competencia. Los participantes mencionan la existencia de diferencias en costes, obligaciones fiscales y requisitos regulatorios. “Falta de competitividad por condiciones desiguales de mercado”, apunta uno de los encuestados. Otros hacen referencia a que “los productos no cumplen normativas actuales” o a que se trata de una “competencia desleal”.
Percepción sobre la regulación europea
En cuanto al papel de la normativa comunitaria, los encuestados coinciden en que no protege suficientemente al comercio y la distribución local frente al comercio electrónico internacional. Entre las respuestas recogidas figuran valoraciones como “no” o “no, para nada”, así como la necesidad de aplicar las mismas normas tanto a empresas importadoras como a compras realizadas por particulares fuera de la Unión Europea.
Propuestas del sector
Sobre posibles medidas para garantizar condiciones de competencia similares, los profesionales consultados plantean distintas opciones. Entre ellas, la revisión de la legislación en materia de competencia, el establecimiento de costes mínimos de despacho aduanero, la exigencia de cumplimiento de las mismas normativas que los productos europeos o el refuerzo de los controles sobre las importaciones.
También se menciona la necesidad de que los productos tributen en el país de destino y de analizar posibles situaciones de dumping fiscal en el comercio internacional.
