Operación ‘Argamasa‘. Así ha denominado la Agencia Tributaria la operación lanzada en 14 comunidades autónomas para luchar contra el fraude fiscal en el sector de la venta de materiales de construcción.
Esta macrooperación, que se inició a finales de abril, y que continúa abierta, conlleva el inicio de comprobaciones inspectoras a 74 sociedades y 25 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personación de más de 300 funcionarios de la Agencia en un total de 71 locales. Las identidades de las empresas y personas físicas objeto de la operación no han trascendido.
El dispositivo desplegado por la Agencia Tributaria alcanza a locales situados en Andalucía (8), Aragón (4), Asturias (5), Baleares (3), Canarias (4), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (6), Cataluña (11), Extremadura (2), Galicia (8), Madrid (9), Murcia (1) y Comunidad Valenciana (8).
A partir de la obtención inicial de pruebas, y tras analizar la documentación obtenida, desde la Agencia Tributaria ya advierten de que habrá más inspecciones.
Despliegue de funcionarios, vigilantes aduaneros y policías
La operación, coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, cuenta con la participación de más de 280 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática, y más de una veintena de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia, así como con el apoyo de agentes policiales.
“Una serie de indicios de existencia de economía sumergida, sumados a la propia evolución experimentada en los últimos años en el ámbito de la construcción y las reformas, han llevado a fijar este sector como objetivo de la presente operación”, han informado desde la propia Agencia Tributaria.
Indicios: escaso uso de cobro con tarjetas y escasas imposiciones de efectivo en cuentas
Las empresas afectadas por la operación ‘Argamasa’ son, fundamentalmente, sociedades dedicadas a la venta de materiales de construcción. Según explican desde la Agencia Tributaria, “el pequeño comercio no es objeto de la operación“.
Los indicios que tenía la Agencia Tributaria se basan en el incremento de la facturación de estas empresas, que a su vez mostraban márgenes netos “sensiblemente” inferiores a los del conjunto de su sector.
Todo ello sumado al hecho de que “el sector de la venta de materiales de construcción es un sector con escaso uso de pago a través de tarjetas”, lo que constituía otro indicio para la Agencia Tributaria.
“Si bien esto no implica necesariamente un uso intensivo del efectivo, dado que se trata de un sector con gran volumen de operativa comercial con otros empresarios, esa particularidad del escaso uso del cobro con tarjetas, sumada a las también escasas imposiciones de efectivo en cuentas (menos de un 6 % de la facturación) merecen especial atención y un examen más exhaustivo sobre la correcta declaración de los ingresos”, precisan desde la Agencia Tributaria.
Signos externos de riqueza
Otro elemento que se ha considerado para la selección de estas empresas, siguen explicando desde la Agencia, es el hecho de que “en las personas físicas asociadas con estas empresas se han encontrado diversos casos de signos externos de riqueza que podrían constituir indicios de ocultación de ingresos, como el alquiler de cajas de seguridad y el uso de tarjetas personales de alto importe”.
Así, con las inspecciones presenciales llevadas a cabo por los agentes que forman parte del operativo, “la Agencia logra acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real existente, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información, al objeto de confirmar y cuantificar el volumen de actividad no declarada por las empresas”.
De hecho, en algunas de las inspecciones ya realizadas “se ha detectado la existencia y utilización de ‘software’ de ocultación de ventas o ‘doble uso”, aseguran desde Hacienda.
El sector de la construcción y las reformas, en el punto de mira
Tras estas primeras actuaciones, la Agencia Tributaria ha advertido de que a lo largo de 2023 mantendrá presencia en aquellos sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida.
Y mencionan particularmente al sector de la construcción y las reformas, “ámbito en el cual la presente operación se está acompañando de ‘cartas aviso’ a otras empresas, informando de la conveniencia de revisar sus magnitudes económicas y tributarias declaradas, así como de visitas (‘peinados fiscales’) para el control in situ de las obligaciones formales y registrales”, concluyen desde la Agencia Tributaria.