A partir de este mes de marzo Barcelona ha comenzado a aplicar una tasa municipal a las plataformas de comercio electrónico “por el uso que hacen del espacio público cuando reparten los pedidos“.
Esta nueva medida, pionera en España y en Europa, fue anunciada por el consistorio catalán a mediados de 2021, pero han sido necesarios meses de trabajo para que el nuevo gravamen se hiciera realidad.
La conocida como ‘tasa Amazon‘ viene respaldada por un informe jurídico que ha llevado cerca de dos años elaborar y afectará a las 26 empresas que reparten pedidos a domicilio en la Ciudad Condal con una facturación superior al millón de euros, entre ellas Amazon, DHL, UPS, Seur, MRW o Correos Express.
Con la aplicación del nuevo gravamen, que no afectará a estas empresas cuando los pedidos se depositen en puntos de recogida, la recaudación prevista es de 2,6 millones de euros anuales, según las estimaciones efectuadas por el Institut d’Economia de la Universitat de Barcelona.
El primer pago, en julio de 2024
La ‘tasa Amazon’ supondrá para las empresas afectadas el pago del 1,25 % de su facturación proveniente de la actividad de reparto, y gravará el periodo impositivo de un ejercicio con autoliquidación en el mes de julio del siguiente. Así, el primer pago se tendrá que realizar en julio de 2024.
Del nuevo gravamen quedan excluidos los repartidores B2B, los operadores postales con una facturación inferior al millón de euros y la distribución mediante métodos sostenibles.
Al tratarse de un nuevo impuesto, desde el primer momento en el consistorio municipal fueron conscientes de la polémica que podría surgir. Por ello, querían “darle solidez jurídica”, según informaron en su momento a C de Comunicación fuentes del consistorio catalán.
De hecho, recurrieron incluso a investigadores de prestigiosas universidades para que la argumentación jurídica no admitiese recurso alguno.
“Tributo discriminatorio”
UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, ha mostrado su rechazo absoluto hacia la tasa a los operadores postales planteada por el Ayuntamiento de Barcelona.
“Se trata de un tributo discriminatorio, que incrementa los costes de un servicio de interés económico general y reduce las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños, grandes y pequeñas, que se verán obligados a asumir mayores costes o a repercutírselos a sus clientes”, asegura el presidente de la patronal, Francisco Aranda.
Según Aranda, “pese a que el nuevo tributo se fundamenta en la necesidad de cubrir las desigualdades competitivas con el comercio de proximidad, este acabará viéndose afectado por la tasa“. Aranda ha recordado que, independientemente de que sean las empresas que realizan el reparto los que se vean gravados por la tasa, “los comercios que venden sus productos resultarán claramente perjudicados”.
