Según publica el Diario de Navarra, en las reuniones periódicas mantenidas entre el comité de empresa de Arfe y la dirección de Trabajo del Gobierno de Navarra, se ha sugerido la posibilidad de que los trabajadores rescindan sus contratos mediante un ERE, así como forzar un concurso de acreedores. De esta manera, los administradores que nombrara el juez realizarían un análisis en profundidad de la situación de la empresa. Ayer en el parlamento de Navarra, la mayoría se mostró de acuerdo en que el gobierno, a través de la actuación coordinada de sus departamentos, ejerciera presión sobre el empresario, cuya actuación está provocando la crítica y reprobación por parte de los diferentes partidos políticos navarros.
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